AGRAVIOS VERTIDOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN

AGRAVIOS VERTIDOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN

AGRAVIOS

PRIMERO

AGRAVIOS

PRIMERO:

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituyen los ocho resolutivos de la multicitada resolución combatida, que se tienen aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.

PRECEPTOS VIOLADOS: Se viola en perjuicio de mi representado lo que establecen los artículos:

Artículo 41.- A ninguna…

...

…

…

Artículo 16. …

Artículo 41.- …

…

…

Artículo 116.-…

…

…

…

IV….

…

b) …

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituyen los dos resolutivos de la multicitada resolución combatida, que se tienen aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.

PRECEPTOS VIOLADOS: Se viola en perjuicio de mi representado lo que establecen los artículos:

Artículo 41.- A ninguna…

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Artículo 16. …

Artículo 41.- …

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…

Artículo 116.-…

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IV….

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b) …

CONCEPTO DE AGRAVIO: Causa un agravio a mi representado el que la autoridad responsable no analizara exhaustiva el primer concepto de agravio esgrimido en el recurso de revisión motivo de la resolución hoy combatida, esto es así porque si bien hace referencia al mismo en la fojas 7 a 10, lo declara infundado porque a decir de la autoridad el aplicar el reglamento de sesiones de los Consejos Locales y Distritales tiene poca importancia o no resulta determinante, lo que hay que tomar en cuenta es que la responsable acepta que el a quo violó el reglamento de sesiones, al no proporcionar a mi representado el proyecto de resolución que se iba a discutir y en su caso aprobar en la sesión de Consejo Local y con ello incumplió con el principio constitucional del debido proceso legal. Para intentar salvar el error, transcribe una tesis que no es de materia electoral y cuya aplicabilidad no resulta idónea para el caso que nos ocupa, en virtud de que para gozar de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, no se puede invocar ningún precepto o jurisprudencia que limite el ejercicio de la garantía constitucional del debido proceso legal, porque no le es posible demostrar a mi representado lo que hubiese podido lograr en la sesión donde se aprobó la resolución de inicio, de haber tenido el proyecto de resolución que se iba a discutir y sobre ese poder argumentar la defensa de mi representado, exponiéndola a los integrantes del Consejo Distrital 08 con voto, sin embargo esto es a juicio de mi representado, irrelevante, pues la ley se estableció para cumplirse y no es facultad de la autoridad administrativa electoral, el decidir si su aplicación es importante o no, la norma se acta y nada más.

Así que, la autoridad responsable emite un fallo viciado de origen, pues no se cumplieron con las formalidades esenciales para llevar a cabo la sesión donde se dictó la resolución del a quo, irregularidad muy significativa, que viola lo establecido por los artículos constitucionales mencionados, porque se incumple con lo que establece el artículo 9 párrafo 8 inciso a del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral que establece:

Artículo 9…

De las notificaciones …

8. …

A efecto de cumplimentar lo señalado…

a) …

I. …

II. …

III. …

IV. …

Además con el actuar de la autoridad responsable, se viola en perjuicio de mi representado lo que establece el artículo 11 del Reglamento de sesiones de los Consejos Locales y Distritales:

Artículo 11. …

Contenido de la convocatoria y del proyecto del orden del día.

…

1. …

2. …

4. …

…

6. …

CONCEPTO DE AGRAVIO: Los resolutivos que por esta vía se combaten causan un agravio a mi representado, en virtud de que la responsable viola en perjuicio del mismo, lo que establecen los artículos constitucionales transcritos, dado que la autoridad responsable pretende conculcarlos al emitir un fallo viciado de origen, pues no se cumplieron con las formalidades esenciales para llevar a cabo la sesión donde se dictó la resolución de mérito, irregularidad muy significativa, que viola lo establecido por los artículos constitucionales mencionados, porque se incumple con lo que establece el artículos 9 párrafo 8 inciso a del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral que establece:

Artículo 9…

De las notificaciones …

8. …

A efecto de cumplimentar lo señalado…

a) …

I. …

II. …

III. …

IV. …

Además con el actuar de la autoridad responsable, se viola en perjuicio de mi representado lo que establece el artículo 11 del Reglamento de sesiones de los Consejos Locales y Distritales:

Artículo 11. …

Contenido de la convocatoria y del proyecto del orden del día.

…

1. …

2. …

4. …

…

6. …

El artículo mencionado es muy claro, se debe acompañar a la convocatoria, los documentos que habrán de discutirse en la sesión para la cual se cita, para contar con información suficiente y oportuna y en el caso que nos ocupa, preparar argumentos para defender el punto ante los Consejeros que habrían de aprobar la resolución que emitió el a quo y confirmó el ad quem, lo que representa una oportunidad perdida de cambiar el sentido de la resolución que hoy afecta a mi representado, violando así principios esenciales de un procedimiento administrativo sancionador, sirve de sustento la siguiente tesis:

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES. …

Así que, se contraviene el artículo 14 Constitucional, dado que no solo no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, entendiendo éstas como la garantía de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debida valoración de pruebas, los razonamientos alusivos a la gravedad de la falta contenidos en la resolución emitida por la autoridad, sino que no respetó lo previsto en la ley, su interpretación jurídica y menos aún en los principios generales del derecho. El principio jurídico de certeza debe respetarse a cabalidad en el derecho administrativo sancionador, dado que su trascendencia radica precisamente en genera certidumbre en que las partes, que con el carácter de inculpados se encuentren dentro de un procedimiento jurídico, sean sancionadas por las conductas que COMPROBADAMENTE COMETIERON y no por las que probablemente realizaron, es decir, que exista la indudable convicción de que a quien se está sancionando sea el autor o partícipe de la conducta irregular, razonamiento que encuentra sustento a la luz del principio jurídico de presunción de inocencia, el cual se haya reconocido tanto por la dogmática internacional y nacional, como también por nuestro cuerpo de leyes.

Por tanto es de insistirse que la conducta calificada por la autoridad como sancionable, bajo nuestro juicio y concepto no se constituyó en infracción alguna al marco normativo que amerite tal sanción. Sirve de sustento a todo lo anterior:

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA INFRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. …

Derivado de lo anterior se concluye que la autoridad electoral vulneró el principio de certeza jurídica, el cual impone la obligación de desempeñar todos sus actos y resoluciones bajo premisas ciertas y no falsas o subjetivas, es decir, que la autoridad tome en consideración las condiciones objetivas para la emisión de sus resoluciones, lo cual en el presente caso no aconteció.

La autoridad responsable pretende conculcar los artículos 14 y 16 Constitucionales al emitir un fallo carente de la debida fundamentación y motivación, habida cuenta que no solo sustenta su razonar en artículos o dispositivos legales claros, sino porque además, adecua conductas a normas inexistentes o que existiendo les da una interpretación que es contraria a la letra de la ley, esto último en función de que califica y encuadra hechos a normas legales cuya literalidad es clara, siendo tal interpretación deformada la que afecta a nuestra representada y desde luego alejada del espíritu del legislador, que es en el que se pretende sustentar la autoridad para interpretar la norma secundaria.

La doctrina establece en relación a la Fundamentación y Motivación, tratándose de actos de autoridad que inciden en el ámbito jurídico de un individuo, la garantía de legalidad tiene por objeto que no se prive o disturbe al particular en su libertad, propiedades, posesiones o, en general, en cualquiera de sus derechos sin que para ello se sigan ciertas formalidades previstas en nuestro orden jurídico y, al mismo tiempo, se les diga expresamente qué norma jurídica autoriza dicha privación o acto de molestia y por qué razón se le aplica la ley; esto en pleno cumplimiento de la Constitución General y, en última instancia, de todo orden jurídico nacional. Todo lo anterior nos lleva a concluir que, en la esfera jurídica de los particulares, la garantía de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación se cumple con:

A) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad de actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de ese misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada, y

B) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro.

En este contexto, resulta claro que a través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de debida fundamentación, y mediante el cumplimiento de la segunda, a la de debida motivación. Concluyendo por fundar se debe entenderse la expresión de los fundamentos legales o de derecho del acto, esto es, ha se expresarse con precisión los preceptos legales aplicables al caso, y por ende su estricta aplicación al caso concreto; y, por motivar, debe entenderse el señalamiento de las causas materiales o de hecho que hayan dado lugar a dicho acto, es decir, deben indicarse con precisión las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

De acuerdo con lo anterior, la atribución que Constitucionalmente se reconoce a favor del órgano electoral no puede traducirse en el establecimiento de condiciones, requisitos, limitaciones, restricciones o aplicaciones, que provengan de un libre arbitrio de la autoridad o que, en conclusión, hagan nugatorio el ejercicio del derecho de que se trata sino deben servir para dar eficacia a su contenido y posibilitar su ejercicio, haciéndolo compatible con el goce y puesta en práctica de otros derechos (de libertad e igualdad), o bien, para preservar otros principios o bases constitucionales que puedan ser amenazados.

La autoridad responsable, violenta también en perjuicio de mi representado LA CERTEZA y LA LEGALIDAD, que son principios rectores en materia electoral, bajo el cual la autoridad deberá conducirse y realizar actos que otorguen a los gobernados, seguridad y certeza jurídica. La resolución de mérito no cumple estos requisitos toda vez que no la sustenta en un precepto legal aplicable que confunden sobre los aspectos que lo llevaron a emitir en ese sentido la resolución en comento, esto es así porque, la autoridad responsable, viola el principio de legalidad que establece que todos los actos, resoluciones, acciones y procedimientos de todas las autoridades incluyendo las electorales, deben ajustarse a lo que expresamente les autoriza o prohíbe la ley, fundando y motivando debidamente todas y cada una de sus resoluciones sin olvidar que la legalidad es un principio rector de las funciones electorales. De esta manera sabemos que el legislador, formalmente les impuso obligaciones para ser eficientes en sus responsabilidades y obligaciones; se les impone trabajar con principios que algunas legislaciones denominan rectores, es decir esenciales en su tarea, estos son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad, conforme los artículos 41, 116 y 122 constitucionales, sirviendo de apoyo a lo anterior las siguientes tesis:

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. …

…

“Garantía de legalidad, que debe entenderse por.- …

…

Fundamentación de los actos de Autoridad.- …

…

Fundamentación y Motivación.- …

…

ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA.- …

…

CADUCIDAD. SUS PRINCIPIOS RIGEN PARA LOS MEDIOS DE IMPUNGACIÓN ELECTORALES.- …

…

GARANTÍAS INDIVIDUALES. SI SU EJERCICIO SE RELACIONA CON EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL, SU INTERPRETACIÓN DEE CORRELACIONARSE CON LO DISPUESTOS EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. …

..

Tomando en cuenta todo lo anterior, podemos mencionar que los razonamientos hechos a los artículos citados por la autoridad, en los cuales intenta adecuar su resolución, no son correctos, puesto que la manera como los pretende sustentar no es clara, toda vez que mi representado no tuvo la oportunidad de preparar una legítima defensa. Por consiguiente sus razonamientos carecen de fuerza legal para justificar su resolución. La motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer la legalidad de aquéllos y de esta manera evitar como en el presente procedimientos, se aplique la subjetividad y arbitrariedad de las decisiones de la autoridad.

De lo establecido en el párrafo anterior se desprende que para cumplir con la garantía de legalidad y seguridad jurídica, la autoridad administrativa al funda y motivar debidamente una resolución, deberá citar en primer lugar el ordenamiento que le da facultada para actuar, y además el artículo, fracción, inciso o subinciso del mismo si existieren, a fin de que el particular conozca los alcances de la resolución a no aplicar correctamente el precepto citado, lo que en la especie no sucedió y su resolución se alejó de una debida interpretación de los disposiciones legales para poder determinar la sanción que nos fue aplicada.

De esta manera queda demostrada la violación por parte de la autoridad de fundar sus actos en detrimento de la garantía de legalidad de mi representado, pues como puede advertirse en los razonamientos expuestos en la resolución que se controvierte, la responsable, aplica de manera incorrecta la disposición electoral ya que impone una sanción a hechos que a su juicio representan propaganda y no toma en cuenta que la propia ley contempla la facultad de los partidos políticos de realizar esta actividad y que además con se comprobó de manera fehaciente que existía la propaganda en los lugares denunciados por el hoy tercero perjudicado, motivo suficiente para que ésta H. Sala Regional revoque la resolución impugnada.

El artículo mencionado es muy claro, se debe acompañar a la convocatoria, los documentos que habrán de discutirse en la sesión para la cual se cita, para contar con información suficiente y oportuna y en el caso que nos ocupa, preparar argumentos para defender el punto ante los Consejeros que habrían de aprobar la resolución que emitió el a quo y confirmó el ad quem, lo que representa una oportunidad perdida de cambiar el sentido de la resolución que hoy afecta a mi representado, violando así principios esenciales de un procedimiento administrativo sancionador, sirve de sustento la siguiente tesis:

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES. …

Así que, la autoridad responsable, contraviene el artículo 14 Constitucional, dado que no solo no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, entendiendo éstas como la garantía de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debida valoración de pruebas, los razonamientos alusivos a la gravedad de la falta contenidos en la resolución emitida por la autoridad, sino que no respetó lo previsto en la ley, su interpretación jurídica y menos aún en los principios generales del derecho. El principio jurídico de certeza debe respetarse a cabalidad en el derecho administrativo sancionador, dado que su trascendencia radica precisamente en generar certidumbre en que las partes, que con el carácter de inculpados se encuentren dentro de un procedimiento jurídico, sean sancionadas por las conductas que COMPROBADAMENTE COMETIERON y no por las que probablemente realizaron, es decir, que exista la indudable convicción de que a quien se está sancionando sea el autor o partícipe de la conducta irregular, razonamiento que encuentra sustento a la luz del principio jurídico de presunción de inocencia, el cual se haya reconocido tanto por la dogmática internacional y nacional, como también por nuestro cuerpo de leyes.

Por tanto es de insistirse que la conducta calificada por la autoridad como sancionable, bajo nuestro juicio y concepto no se constituyó en infracción alguna al marco normativo que amerite tal sanción. Sirve de sustento a todo lo anterior:

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA INFRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. …

Derivado de lo anterior se concluye que la autoridad electoral vulneró el principio de certeza jurídica, el cual impone la obligación de desempeñar todos sus actos y resoluciones bajo premisas ciertas y no falsas o subjetivas, es decir, que la autoridad tome en consideración las condiciones objetivas para la emisión de sus resoluciones, lo cual en el presente caso no aconteció.

La autoridad responsable pretende conculcar los artículos 14 y 16 Constitucionales al emitir un fallo carente de la debida fundamentación y motivación, habida cuenta que no solo sustenta su razonar en artículos o dispositivos legales claros, sino porque además, adecua conductas a normas inexistentes o que existiendo les da una interpretación que es contraria a la letra de la ley, esto último en función de que califica y encuadra hechos a normas legales cuya literalidad es clara, siendo tal interpretación deformada la que afecta a nuestra representada y desde luego alejada del espíritu del legislador, que es en el que se pretende sustentar la autoridad para interpretar la norma secundaria.

La doctrina establece en relación a la Fundamentación y Motivación, tratándose de actos de autoridad que inciden en el ámbito jurídico de un individuo, la garantía de legalidad tiene por objeto que no se prive o disturbe al particular en su libertad, propiedades, posesiones o, en general, en cualquiera de sus derechos sin que para ello se sigan ciertas formalidades previstas en nuestro orden jurídico y, al mismo tiempo, se les diga expresamente qué norma jurídica autoriza dicha privación o acto de molestia y por qué razón se le aplica la ley; esto en pleno cumplimiento de la Constitución General y, en última instancia, de todo orden jurídico nacional. Todo lo anterior nos lleva a concluir que, en la esfera jurídica de los particulares, la garantía de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación se cumple con:

A) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad de actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de ese misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada, y

B) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro.

En este contexto, resulta claro que a través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de debida fundamentación, y mediante el cumplimiento de la segunda, a la de debida motivación. Concluyendo por fundar debe entenderse la expresión de los fundamentos legales o de derecho del acto, esto es, ha se expresarse con precisión los preceptos legales aplicables al caso, y por ende su estricta aplicación al caso concreto; y, por motivar, debe entenderse el señalamiento de las causas materiales o de hecho que hayan dado lugar a dicho acto, es decir, deben indicarse con precisión las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

De acuerdo con lo anterior, la atribución que Constitucionalmente se reconoce a favor del órgano electoral no puede traducirse en el establecimiento de condiciones, requisitos, limitaciones, restricciones o aplicaciones, que provengan de un libre arbitrio de la autoridad o que, en conclusión, hagan nugatorio el ejercicio del derecho de que se trata sino deben servir para dar eficacia a su contenido y posibilitar su ejercicio, haciéndolo compatible con el goce y puesta en práctica de otros derechos (de libertad e igualdad), o bien, para preservar otros principios o bases constitucionales que puedan ser amenazados.

La autoridad responsable, violenta también en perjuicio de mi representado LA CERTEZA y LA LEGALIDAD, que son principios rectores en materia electoral, bajo el cual la autoridad deberá conducirse y realizar actos que otorguen a los gobernados, seguridad y certeza jurídica. La resolución de mérito no cumple estos requisitos toda vez que no la sustenta en un precepto legal aplicable que confunden sobre los aspectos que lo llevaron a emitir en ese sentido la resolución en comento, esto es así porque, la autoridad responsable, viola el principio de legalidad que establece que todos los actos, resoluciones, acciones y procedimientos de todas las autoridades incluyendo las electorales, deben ajustarse a lo que expresamente les autoriza o prohíbe la ley, fundando y motivando debidamente todas y cada una de sus resoluciones sin olvidar que la legalidad es un principio rector de las funciones electorales. De esta manera sabemos que el legislador, formalmente les impuso obligaciones para ser eficientes en sus responsabilidades y obligaciones; se les impone trabajar con principios que algunas legislaciones denominan rectores, es decir esenciales en su tarea, estos son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad, conforme los artículos 41, 116 y 122 constitucionales, sirviendo de apoyo a lo anterior las siguientes tesis:

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. …

…

Garantía de legalidad, que debe entenderse por.- …

…

Fundamentación de los actos de Autoridad.- …

…

Fundamentación y Motivación.- …

…

ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA.- …

…

CADUCIDAD. SUS PRINCIPIOS RIGEN PARA LOS MEDIOS DE IMPUNGACIÓN ELECTORALES.- …

…

GARANTÍAS INDIVIDUALES. SI SU EJERCICIO SE RELACIONA CON EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL, SU INTERPRETACIÓN DEE CORRELACIONARSE CON LO DISPUESTOS EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. …

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Tomando en cuenta todo lo anterior, podemos mencionar que los razonamientos hechos a los artículos citados por la autoridad, en los cuales intenta adecuar su resolución, no son correctos, puesto que la manera como los pretende sustentar no es clara, toda vez que mi representado no tuvo la oportunidad de preparar una legítima defensa. Por consiguiente sus razonamientos carecen de fuerza legal para justificar su resolución. La motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer la legalidad de aquéllos y de esta manera evitar como en el presente procedimiento, se aplique la subjetividad y arbitrariedad de las decisiones de la autoridad.

De lo establecido en el párrafo anterior se desprende que para cumplir con la garantía de legalidad y seguridad jurídica, la autoridad administrativa al fundar y motivar debidamente una resolución, deberá citar en primer lugar el ordenamiento que le da facultada para actuar, y además el artículo, fracción, inciso o subinciso del mismo si existieren, a fin de que el particular conozca los alcances de la resolución a no aplicar correctamente el precepto citado, lo que en la especie no sucedió y su resolución se alejó de una debida interpretación de los disposiciones legales para poder determinar la sanción que nos fue aplicada.

De esta manera queda demostrada la violación por parte de la autoridad de fundar sus actos en detrimento de la garantía de legalidad de mi representado, pues como puede advertirse en los razonamientos expuestos en la resolución que se controvierte, la responsable, aplica de manera incorrecta la disposición electoral ya que impone una sanción a hechos que a su juicio representan propaganda y no toma en cuenta que la propia ley contempla la facultad de los partidos políticos de realizar esta actividad y que además con se comprobó de manera fehaciente que existía la propaganda en los lugares denunciados por el hoy tercero perjudicado, motivo suficiente para que ésta H. Sala Regional revoque la resolución impugnada.

SEGUNDO

PRECEPTOS VIOLADOS: Se viola en perjuicio de mi representado lo que establecen los artículos:

Artículo 14.- …

…

…

…

Artículo 16. …

…

…

Artículo 41.- …

…

…

…

Artículo 116.- …

…

…

… Las autoridades electorales solamente …

IV. …

…

b) …

SEGUNDO

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituyen los ocho resolutivos de la multicitada resolución combatida, que se tienen por aquí reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.

PRECEPTOS VIOLADOS: Se viola en perjuicio de mi representado lo que establecen los artículos:

Artículo 14.- …

…

…

…

Artículo 16. …

…

…

Artículo 41.- …

…

…

…

Artículo 116.- …

…

…

… Las autoridades electorales solamente …

IV. …

…

b) …

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituyen los dos resolutivos de la multicitada resolución combatida, que se tienen aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.

CONCEPTO DEL AGRAVIO: Causa agravio a mi representado el que la autoridad responsable ilegalmente declarar que está debidamente fundada y motivada la resolución del a quo, cuando los agravios esgrimidos por mi representado en el escrito del recurso de revisión materia de la resolución impugnada, no fueron valorados exhaustivamente, lo que derivó en que no se advirtiera la causa de pedir, puesto que lo que se argumentaba era que la sanción que se impuso a mi representado, se derivaba de apreciaciones subjetivas de la responsable y sin ningún sustento real en el expediente, esto fue así porque en la foja quince al final del segundo párrafo de la resolución del a quo, se vierten una serie de consideraciones subjetivas sin sustento alguno como por ejemplo:

……son de los lugares más representativos del distrito y que, por tanto, son lugares en donde la colocación de propaganda tiene un mayor impacto en la ciudadanía……

Lo que se argumentaba y que la responsable no tomó en cuenta para dictar la resolución que hoy se combate, era que no podían ser parte de una resolución objetiva, las aseveraciones transcritas, puesto que solo a decir de la autoridad, sin prueba alguna de su dicho, los lugares donde supuestamente se colocó propaganda electoral, son los lugares más representativos de todo el Distrito 08, y que por ello se tiene un mayor impacto en la ciudadanía, sin siquiera aportar un solo elemento de prueba de medición científica que demuestra tal impacto, además de que no hay que olvidar que dentro de la competencia del Distrito 08, se encuentra la Avenida Paseo de la Reforma, lugar en verdad representativo, no solo del distrito, sino de toda la Ciudad. Lo anterior, es relevante, porque durante las consideraciones ilegales que realiza el a quo para sancionar a mi representado, se toma en cuenta las aseveraciones irracionales mencionadas, pues fueron la base para sancionar con la cantidad que se hizo y no por ejemplo con una amonestación pública; es por ello, que la motivación de la resolución no es legal y debió ser tomada en cuenta por la autoridad responsable, para ser revocada.

Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis:

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.-…

…

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- ..

…

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.- …

…

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.- …

…

CONCEPTO DEL AGRAVIO: Los resolutivos que por esta vía se combaten, causan un agravio a mi representado, en virtud de que la responsable viola en perjuicio del mismo, lo que establecen los artículos constitucionales transcritos, dado que la autoridad responsable pretende conculcarlos al emitir un fallo que se sustenta en hechos y circunstancias subjetivas, violando los principios esenciales del procedimiento y causándole un agravio a mi representado.

Esto es así porque a foja quince al final del segundo párrafo, la responsable vierte una serie de consideraciones subjetivas sin sustento alguno al decir que:

……son de los lugares más representativos del distrito y que, por tanto, son lugares en donde la colocación de propaganda tiene un mayor impacto en la ciudadanía……

Las anteriores aseveraciones, no pueden ser parte de una resolución objetiva, puesto que solo a decir de la autoridad, sin prueba alguna de su dicho, los lugares donde supuestamente se colocó propaganda electoral, son los lugares más representativos de todo el Distrito 08, y que por ello se tiene un mayor impacto en la ciudadanía, sin siquiera aportar un solo elemento de prueba de medición científica que demuestra tal impacto, además de que no hay que olvidar que dentro de la competencia del Distrito 08, se encuentra la Avenida Paseo de la Reforma, lugar en verdad representativo, no solo del distrito, sino de toda la Ciudad. Lo anterior es relevante, porque durante las consideraciones ilegales que realiza la responsable para sancionar a mi representado, se toma en cuenta las aseveraciones irracionales mencionadas y por ello es que la motivación de la resolución no es legal y debe ser tomada en cuente por éste H. Consejo Local para ser revocada.

Por otro lado … (Nota: los subsecuentes párrafos se retoman en los argumentos señalados en el punto cuarto de agravios del escrito de demanda del recurso de apelación tal como se ejemplifica en el apartado respectivo del presente cuadro)

TERCERO

PRECEPTOS VIOLADOS: Se viola en perjuicio de mi representado lo que establecen los artículos:

Artículo 14.- …

…

…

…

Artículo 16. …

…

…

Artículo 41.- …

…

…

…

Artículo 116.- …

…

…

… Las autoridades electorales solamente …

IV. …

…

b) …

TERCERO

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituyen los ocho resolutivos de la multicitada resolución combatida, que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.

PRECEPTOS VIOLADOS: Se viola en perjuicio de mi representado lo que establecen los artículos:

Artículo 14.- …

…

…

…

Artículo 16. …

…

…

Artículo 41.- …

…

…

…

Artículo 116.- …

…

…

… Las autoridades electorales solamente …

IV. …

…

b) …

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituyen los dos resolutivos de la multicitada resolución combatida, que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.

CONCEPTO DEL AGRAVIO: Causa agravio a mi representada el que la autoridad responsable ilegalmente declarara que está debidamente fundada y motivada la resolución del a quo, porque consideró inoperante el agravio esgrimido por mi representado, en el cual se argumenta que la propaganda encontrada en la diligencia de verificación, corresponde al tipo de propaganda política y no al tipo de propaganda electoral, diferencia sutil pero de indudable importancia para el caso que nos ocupa, dicha declaración está indebidamente fundada y motivada, porque no solo por el hecho de que nos encontramos en periodo electoral significa indudablemente que cualquier propaganda colocada por mi representado será propaganda electoral, máxime que en la definición dada en el reglamento de quejas y denuncias, no se establece como requisito para considerarla propaganda electoral el que sea colocada durante el periodo electoral, sino que más bien que ésta vaya encaminada a obtener la preferencia del electorado; además hay que tomar en consideración que la información contenida en la propaganda política de mi representado corresponde a un ánimo informativo, de dar a conocer el trabajo realizado por los diputados federales en activo del Partido Verde, sobre sus propuestas legislativas ya presentadas ante el Congreso de la Unión, por lo que es claro que no corresponde a la propaganda electoral sino a propaganda política encaminada a informar a la ciudadanía sobre el trabajo legislativo de mi representado y tratar de que se asuma una determinada postura respecto a los temas que se mencionan en la propaganda política encontrada por el a quo, tan es así, que en dicha propaganda política se presenta un número telefónico para que la ciudadanía opine y se posiciones respecto de los temas trascendentales que ahí se exponen.

Luego entonces si se toma en cuenta que la propaganda encontrada por el a quo en su verificación corresponde a la de tipo político y la prohibición de colocar propaganda en equipamiento urbano está prohibida para la propaganda electoral, la sanción impuesta por el a quo y ratificada por el ad quem es ilegal y por lo tanto debe ser revocada. Para robustecer los argumentos vertidos analizaremos lo que señala el artículo 236 párrafo 1 del Código Comicial Federal el cual establece lo siguiente:

Artículo 236

1.- …

a) ...

También es importante mencionar que el artículo 7 párrafo 1 inciso b) fracciones VI y VII del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral establece lo siguiente:

Artículo 7

Cuestiones aplicables al catálogo de infracciones contenidas en el Código.

1. …

…

b) …

VI. …

VII. …

…

Así que de una interpretación sistemática y funcional de los artículos transcritos, podremos arribar a la conclusión de que no existe tal conculcación y se puede observar una flagrante violación a los artículos constitucionales mencionados, ya que la resolución del Consejo Local no está debidamente fundada y motivada, además de que no se apega al principio de legalidad que debe observar toda autoridad electoral, puesto que de la lectura de los artículos vertidos con anterioridad y de la minuciosa revisión de las fotografías tomadas por el H. Consejo Distrital, no se advierte ningún tipo de propaganda electoral que contenga algún elemento de los que establece el artículo 7 párrafo 1 inciso b) fracción VII del reglamento citado, y que puede transgredir lo establecido en el párrafo 1 del artículo 236 del Código Comicial, puesto que la propaganda tomada en las fotografías es la que corresponde a la denominada en la fracción VI del mismo artículo como propaganda política, luego entonces no existe ninguna infracción cometida por mi representado y por lo tanto se debe absolver a mi representado por no adecuarse la situación al caso denunciado y para ello ésta H. Sala Regional debe revocar la resolución combatida.

CONCEPTO DEL AGRAVIO: Los resolutivos que por esta vía se combaten, causan un agravio a mi representado, en virtud de que la responsable viola en perjuicio del mismo, lo que establecen los artículos constitucionales transcritos, dado que la autoridad responsable pretende conculcarlos al emitir un fallo sobre la base, de que se colocó propaganda contraria a lo que señala el artículo 236 párrafo 1 del Código Comicial Federal el cual establece lo siguiente:

Artículo 236

1.- …

a) ...

También es importante mencionar que el artículo 7 párrafo 1 inciso b) fracciones VI y VII del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral establece lo siguiente:

Artículo 7

Cuestiones aplicables al catálogo de infracciones contenidas en el Código.

1. …

…

b) …

VI. …

VII. …

…

Sin embargo no existe tal conculcación y con lo transcrito anteriormente se puede observar una flagrante violación a los artículos constitucionales mencionados, ya que la resolución del Consejo Local no está debidamente fundada y motivada, además de que no se apega al principio de legalidad que debe observar toda autoridad electoral, puesto que de la lectura de los artículos vertidos con anterioridad y de la minuciosa revisión de las fotografías tomadas por el H. Consejo Distrital, no se advierte ningún tipo de propaganda electoral que contenga algún elemento de los que establece el artículo 7 párrafo 1 inciso b) fracción VII del reglamento citado, y que puede transgredir lo establecido en el párrafo 1 del artículo 236 del Código Comicial, puesto que la propaganda tomada en las fotografías es la que corresponde a la denominada en la fracción VI del mismo artículo como propaganda política, luego entonces no existe ninguna infracción cometida por mi representado y por lo tanto se debe absolver a mi representado por no adecuarse la situación al caso denunciado y para ello ésta H. Sala Regional debe revocar la resolución combatida.

CUARTO

PRECEPTOS VIOLADOS: Se viola en perjuicio de mi representado lo que establecen los artículos:

Artículo 14.- …

…

…

…

Artículo 16. …

…

…

Artículo 41.- …

…

…

…

Artículo 116.- …

…

…

… Las autoridades electorales solamente …

IV. …

…

b) …

CUARTO

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituyen los ocho resolutivos de la multicitada resolución combatida, que se tienen por aquí reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.

PRECEPTOS VIOLADOS: Se viola en perjuicio de mi representado lo que establecen los artículos:

Artículo 14.- …

…

…

…

Artículo 16. …

…

…

Artículo 41.- …

…

…

…

Artículo 116.- …

…

…

… Las autoridades electorales solamente …

IV. …

…

b) …

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituyen los dos resolutivos de la multicitada resolución combatida, que se tienen por aquí reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.

CONCEPTO DE AGRAVIO: Causa un agravio a mi representado el que la responsable confirmara la resolución del a quo en base a dos tesis relevantes de la Sala Superior, que no favorecen a mi representado, sin embargo lo que se argumentó en el agravio que fue declarado infundado también fue en base a dos tesis relevantes, en las cuales se fijan los requisitos mínimos para considerar legal una diligencia o inspección de verificación, sin embargo, la responsable decidió hacer caso omiso y tomar en cuenta,(siendo que las cuatro tesis son relevantes y no constituyen jurisprudencia), las que no favorecían a mi representado y si eran convenientes para confirmar la ilegal resolución del a quo, con lo que se violenta el principio constitucional de presunción de inocencia.

Los anteriores argumentos, no dejar lugar a dudas sobre la anticonstitucionalidad, ilegalidad e incongruencia jurídica de tal determinación, fue la posibilidad pues teniendo en consideración que actualmente, derivado de los innumerables criterios sostenidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si bien es sabido que en este tipo de procedimientos son aplicables los principios del “ius puniendi., pero tales no sólo deben ser observados para la determinación de las sanciones o la facultad investigadora conforme a las normas establecidas en la ley para tal efecto, sino también deben observarse los demás principios que inciden en dicha materia como son el principio de no incriminación, de presunción de inocencia y la prohibición de absolver de la instancia.

En ese orden de ideas, lo apegado a derecho hubiera sido que si el aquo (sic) no contaba con elementos para acreditar una irregularidad o falta, aplicara el principio constitucional de presunción de inocencia que constituye un derecho atribuible a toda persona por el cual debe considerarse, a priori, como regla general, que su actuación se encuentra de acuerdo con la recta razón y en concordancia con los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un órganos jurisdiccional no adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad en el hecho punible determinada por una sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido proceso, todo lo cual exige aplicar las medida cautelares prevista en el proceso penal en forma restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes mediante la afectación de sus derechos fundamentales. O la responsable hubiera corregido la ilegal determinación de sancionara a mi representado.

El referido principio ha sido reconocido expresamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como constitucional, y ha sido adoptado por los diversos Tribunales de nuestro país como es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha establecido su aplicación y observancia en los procedimientos derivados del derecho administrativo sancionar electoral, como se desprende la tesis identificada con la clave S3EL059/2001.

Asimismo, sirvan de criterio orientador para el efecto las siguientes tesis jurisprudenciales:

PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ESTÁ PREVISTO IMPLÍCITAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

…

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES.

…”

DUDA Y PRUEBA INSUFICIENTE, DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE.

…”

(Nota: Los subsecuentes párrafos corresponden al agravio segundo del escrito de demanda relativo al recurso de revisión)

Por otro lado, un ejemplo más del actuar irresponsable, tendencioso e irracional de la autoridad responsable, se encuentra visible en la foja 21, segundo párrafo, al señalar que mi representado actuó intencionalmente, de forma negligente y con falta de interés al no asistir a la audiencia de pruebas y alegatos, sin embargo no tiene, ni ofrece prueba alguna de ello, pues si el representante en aquel entonces no asistió fue por causa de fuerza mayor y no significa en lo absoluto todas las consideraciones parciales e indignas de una autoridad administrativa electoral profesional; además que, jurídicamente no existe sustento legal, para tener por confeso a mi representado, por no asistir a dicha audiencia, pues de la lectura de los artículos 369 del Código Comicial Federal y del 69 del Reglamento de Quejas y Denuncias, no se observa que la consecuencia de no asistir, sea que se tenga por confesados lo hechos, además de que el mismo artículos 69 párrafo 2, señala que no hay más pruebas en el procedimiento que la documental y la técnica, así que la confesión no es prueba idónea para arribar a convicción alguna.

Los anteriores argumentos que no dejan lugar a dudas sobre la anticonstitucionalidad, ilegalidad e incongruencia jurídica de tal determinación, pues teniendo en consideración que actualmente, derivado de los innumerables criterios sostenidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es bien sabido que en este tipo de procedimientos son aplicables los principios del “ius puniendi., pero tales no sólo deben ser observados para la determinación de las sanciones o la facultad investigadora conforme a las normas establecidas en la ley para tal efecto, sino también deben observarse los demás principios que inciden en dicha materia como lo son el principio de no incriminación, de presunción de inocencia y la prohibición de absolver de la instancia.

En ese orden de ideas, lo apegado a derecho hubiera sido que la responsable si no contaba con elementos para acreditar una irregularidad o falta, aplicara el principio constitucional de presunción de inocencia que constituye un derecho atribuible a toda persona por el cual debe considerarse, a priori, como regla general, que su actuación se encuentra de acuerdo con la recta razón y en concordancia con los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un órgano jurisdiccional no adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad en el hecho punible determinada por una sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas cautelares prevista en el proceso penal en forma restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes mediante la afectación de sus derechos fundamentales.

El referido principio ha sido reconocido expresamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como constitucional, y ha sido adoptado por los diversos Tribunales de nuestro país como es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha establecido su aplicación y observancia en los procedimientos derivados del derecho administrativo sancionar electoral, como se desprende de la tesis identificada con la clave S3EL059/2001.

Asimismo, sirvan de criterio orientador para el efecto las siguientes tesis:

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL. …

…

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- …

…

PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ESTÁ PREVISTO IMPLÍTICITAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. …

…

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES. …

…

DUDA Y PRUEBA INSUFICIENTE, DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE. …

…

Motivo suficiente para que éste H. Consejo Local revoque la resolución impugnada.

(Nota: Los párrafos subsecuentes corresponden a los argumentos vertidos en el punto cuarto de agravios del recurso de revisión)

CONCEPTO DE AGRAVIO: Los resolutivos que por esta vía se combaten, causan un agravio a mi representado, en virtud de que la responsable viola en perjuicio del mismo, lo que establecen los artículos constitucionales transcritos, dado que la autoridad responsable pretende conculcarlos al emitir un fallo carente de un verdadero análisis de los hechos, de las pruebas, del expediente en su totalidad y si se advierte que llegó a sancionar a mi representado después de llevar a cabo un procedimiento plagado de irregularidades y donde nunca se comprobó de manera fehaciente la conducta antijurídica de mi representado. Para ello debemos tomar en cuenta lo que establecen II, III, IV y V del inciso c), del párrafo 4 del artículo 72 del Reglamento de Quejas y Denuncias:

Artículo 72. …

…

4. …

c)…

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

Con lo transcrito anteriormente y de la lectura de la resolución combatida, podemos advertir, que la misma incumple claramente con lo preceptuado en dicho artículo, porque la autoridad responsable no solo no apreció, sino que no valoró correctamente el expediente y su contenido, puesto que, como ha quedado demostrado en anteriores argumentos, no se logró la plena acreditación de los hechos denunciados, para sancionar a mi representado, dejándolo en total estado de indefensión y violentando las más elementales garantías de un debido proceso legal, además de cómo ya ha quedado claro en el agravio primero, que se tiene aquí transcrito en su totalidad, en obvio de repeticiones innecesarias, no motivó ni fundamentó debidamente su resolución, con lo que se violentan las garantías de mi representado y por ello la resolución debe ser revocada.

La falta de acreditación se comprueba al leer el tercer párrafo de la foja 20 de la resolución combatida, en la que irresponsablemente la autoridad emisora de la misma, afirma que:

“…incuestionablemente, de la instrucción que ordenó(sic) el infractor a personas que se encargaron de colocar los pendones en lugares públicos, de modo que en la colocación de dichos pendones se advierte la participación de personas que fueron instruidas para la ubicación de pendones…”

Primeramente, en el expediente de mérito no consta en ninguna parte, que se haya acreditado los nombres de las personas ligadas a mi representado que colocaron la supuesta propaganda electoral, y mucho menos se acreditó que mi representado, por medio de persona alguna, haya dado “incuestionablemente la instrucción” de colocar la supuesta propaganda electoral, por lo que una vez más estamos en la ejemplificación de la irracionalidad y parcialidad de la autoridad responsable y su desconocimiento del sistema probatorio del derecho vigente en nuestro país; lo anterior es relevante porque, mi representado ha sufrido el robo de propaganda en toda la Ciudad y la colocación indiscriminada de propaganda, con el propósito de ser inculpado injustamente, así que las “impresionantes” aseveraciones vertidas por la responsable, sin fundamento, sirvieron de base para sancionar a mi representado, lo que es una clara conculcación de las garantías de las que goza él mismo.

Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis:

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN. …

…

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.

…

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.- …

…

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.- …

…

QUINTO

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituyen los ocho resolutivos de la multicitada resolución combatida, que se tienen aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.

PRECEPTOS VIOLADOS: Se viola en perjuicio de mi representado lo que establecen los artículos:

Artículo 14.- …

…

…

…

Artículo 16. …

…

…

Artículo 41.- …

…

…

…

Artículo 116.- …

…

…

… Las autoridades electorales solamente …

IV. …

…

b) …

CONCEPTO DEL AGRAVIO: Los resolutivos que por esta vía se combaten, causan un agravio a mi representado, en virtud de que la responsable viola en perjuicio del mismo, lo que establecen los artículos constitucionales transcritos, dado que la autoridad responsable pretende conculcarlos al emitir un fallo basado en una acta de verificación que no cumple con los requisitos mínimos de legalidad, si se toma en cuenta la naturaleza de la prueba documental, sí como algunas reglas generales de la prueba, existen algunos requisitos que dicha probanza debe reunir para que se considere válida y merezca valor probatorio pleno como el que pretende darle la responsable, y que son los siguientes:

a) Previamente a su desahogo se deben determinar los puntos sobre los que vaya a versar;

b) Se debe citar a las partes, fijándose al efecto, día, hora y lugar para que tenga verificativo;

c) Si las partes concurren a la diligencia se les debe dar oportunidad de que hagan las observaciones que estimen oportunas;

d) Se debe levantar un acta en la cual se haga constar la descripción de los documentos u objetos inspeccionados, anotando todas aquellas características y circunstancias que puedan formar convicción en el juzgador.

Con lo expresado anteriormente, resulta la ineludible necesidad de que el funcionario facultado para practicar las verificaciones, cumpla con los requisitos mínimos necesarios para generar certeza absoluta sobre la inspección en caso contrario, dicha prueba se ve mermada o disminuida en cuanto a su eficacia probatoria, como en el caso que nos ocupa, puesto que mi representado no fue citado para llevar a cabo la verificación que sirvió de sustento al inicio del procedimiento sancionador y con ello, la autoridad, la autoridad responsable se excede en sus facultades y viola las garantías de mi representado, motivo suficiente para revocar la resolución combatida. Sirve de sustento a lo anterior las siguientes tesis:

INSPECCIÓN. REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA.- …

DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS NECESARIOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA.- …

QUINTO

PRECEPTOS VIOLADOS: Se viola en perjuicio de mi representado lo que establecen los artículos:

Artículo 14.- …

…

…

…

Artículo 16. …

…

…

Artículo 41.- …

…

…

…

Artículo 116.- …

…

…

… Las autoridades electorales solamente …

IV. …

…

b) …

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituyen los dos resolutivos de la multicitada resolución combatida, que se tienen aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.

CONCEPTO DEL AGRAVIO: Causa un agravio a mi representado el que la responsable confirmara la resolución del a quo sosteniendo que la misma está debidamente fundada y motivado, sin considerar todas las inconsistencias y subjetividades que se plasmaron en la misma que sancionó a mi representado.

Por otro lado, según la apreciación de la responsable la multa no es excesiva y si es conveniente, sin embargo, es evidente que los elementos que se encuentran en el expediente, no son a nuestro juicio, suficientes para comprobar adecuadamente la responsabilidad de mi representado o no son suficientes para multarlo con la cantidad que se hizo, además de que los mismos se derivaron de una ilegal diligencia de verificación y que es importante mencionar, como se hizo en el recurso de revisión, que no existe uniformidad de criterios al momento de establecer una sanción, por el actuar parcial del a quo y que deriva sin duda en una multa inequitativa y que causa un grave perjuicio a mi representado.

De lo anterior se desprende que precisando criterios anteriores, la autoridad electoral administrativa responsable, está obligada a considerar que para el establecimiento de las multas, la autoridad debe ponderar en base al parámetro de mínimo y máximo que nos señala la ley, tomando en consideración:

1.       La negligencia o mala fe; o la espontaneidad de su conducta para acatar la ley, aunque extemporáneamente;

2.       Si se trata de una infracción aislada, o de una infracción insistentemente repetido por dicho causante.

Las descripciones de las faltas o infracciones administrativas electorales deben ser lo más precisas posibles, de manera que una conducta o hecho será típico sólo si es subsumible en la descripción de la falta o infracción. Vinculando estrechamente con lo señalado en el último inciso, las normas disciplinarias requieren de una interpretación y aplicación estricta (lo que excluye una interpretación extensiva), habida cuenta del principio de intervención mínima o principio de necesidad expresado en la máxima latina “nulla lex (poenalis) sine necesítate”.

Más aún si como se ha expresado en el artículo 72 del Reglamento, señala que para fijar la sanción correspondiente a las irregularidades en que haya incurrido un partido político, se tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, sin precisar en qué consisten las primeras, ni lo que debe tomarse en cuenta para establecer la segunda.

Partiendo de estos elementos básicos y de los principios de la dogmática penal que se han estimado aplicables, bien se puede afirmar que en materia de individualización de las sanciones, es decir, para determinar la clase de sanción y su concreta graduación, deben ponderarse los bienes jurídicos y los valores que se protegen, la naturaleza de los sujetos infractores y sus funciones encomendadas constitucionalmente, así como los fines persuasivos de las sanciones administrativas; pero no de manera genérica como lo hace la autoridad responsable sino individualizando cada caso concreto.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el legislador facultó a la autoridad administrativa electoral para determinar la sanción y su graduación en cada caso, no sólo a partir del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino también en concurrencia con el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se realiza a través de una valoración unitaria, que se formaliza en dos pasos. En el primer paso, correspondiente a la selección de la sanción, resulta necesario verificar que el margen de graduación establecido por la ley permita dar cabida a la magnitud del reproche que se realiza, y en un segundo paso, establecer la graduación concreta que amerite, dentro de los márgenes de la clase de sanción encontrada como idónea. Con este mecanismos e logra que la sanción concretizada sea suficiente para alcanzar su finalidad persuasiva.

Sobre la base de estos parámetros, la autoridad electoral debe selecciona y graduar la sanción, en función de la gravedad de la falta y la responsabilidad del infractor, par alo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Valor protegido o trascendencia de la norma.

2. La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.

3. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.

4. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.

5. La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.

6. Su comportamiento posterior a la fecha en que se cometió el ilícito administrativo; verbigracia, pretende borrar u ocultar la información atinente que lo demuestre, o bien, facilitar dicha información para cooperar en las tareas investigatorias.

7. Las demás condiciones subjetivas del infractor, al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

8. La capacidad económica del sujeto infractor.

Los principios anteriores no se observaron en su totalidad, exhaustivamente y con precisión jurídica razonada, y no solo enunciativamente para cumplimentar un requisito de mera forma.

Ya que la multa se debe establecer con base a estos criterios y en proporción al daño causado por la infracción y en el caso que nos ocupa, la supuesta colocación, porque nunca se acreditó realmente, no causó ningún perjuicio al erario público, no se actualiza tampoco la causal de negligencia o mala fe, en ningún momento se dejó de observar lo preceptuado por la ley, tal y como se advierte de las constancias, por otro lado, tampoco se adecua el hecho a una conducta reiterada por nuestro representado.

En esta tesitura no es precedente que la autoridad responsable dicte una resolución, cuya sanción está mal fundamentada, pues no es concebible, que, suponiendo sin conceder que fuera procedente alguna sanción en contra de mi representado, estaría violando el principio de imparcialidad y transgrediendo los derechos con los que cuenta todo partido político y olvidando toda autoridad electoral debe obedecer dichos principios.

De esta forma, el único monto que las autoridades pueden imponer sin razonar su arbitrio, demostrada la infracción, es el mínimo, pues ello implica que se ha aceptado un máximo de circunstancias atenuantes. Es decir, para imponer un monto superior al mínimo, sin que su determinación resulte arbitraria y caprichosa, las autoridades están obligadas a razonar el uso de sus facultades legales al respecto, para no violar el principio constitucional de fundamentación y motivación consagrado en el artículo 16 Constitucional y dar a mi representado la plena oportunidad de defensa, respecto de los datos y elementos que sirvieron para individualizar la sanción, lo cual no aconteció en la resolución, por ende debe revocarse.

Por otro lado, de confirmarse la resolución de la autoridad responsable, se vulneraría gravemente la imagen y credibilidad que tiene mi representado ante la ciudadanía, pues debe tomarse en cuenta, que estamos a tan solo unos días de que inicie la jornada electoral, y con una sanción en contra de mi representado por incumplir supuestamente con la norma, se estaría causando un daño de imposible reparación, pues esto traería como consecuencia, restarle credibilidad a mi representado ante la ciudadanía, lo que se traduce en una disminución de votos a su favor, colocando a mi representado en un estado de inequidad respecto de los demás contendientes en el proceso electoral, en el que incluso podría, por una falta de probidad por parte de las autoridades electorales, causar la pérdida de un registro de un partido que cumplió con lo consagrado por la ley, sirve de sustento a lo anterior las siguientes tesis:

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES.- …

…

“MULTAS. ARBITRIO EN SU CUANTIFICACIÓN ARRIBA DEL MÍNIMO.- …

…

“MULTAS, CUANTIFICACIÓN DE LAS, EN MATERIA FISCAL.- …

…

“MULTAS, IMPOSICIÓN, CONDONACIÓN O CUANTIFICACIÓN DE.- …

…

“MULTAS FISCALES. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN.- …

…

“MOTIVACIÓN DE LA MULTA, DEBE RAZONARSE SOBRE LA CUANTÍA PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE.- …

…

“MULTAS, DEBEN SEÑALARSE LAS RAZONES DE SU IMPOSICIÓN.- …

…

“MULTAS. REQUISITOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN CUMPLIR.- …

…

“MULTAS. REQUISITOS PARA SU IMPOSICIÓN.- …

…

La conducta ilícita de la autoridad responsable se deriva del supuesto análisis de la conducta de mi representado para poder calificarla y sancionarla pero, por lo que en realidad se advierte, es que solo reafirma el error cometido y su actuar ilegal, puesto que realiza afirmaciones fuera de toda razón jurídica posible al mencionar que mi representado cometió una infracción administrativa electoral, siendo una aseveración general y sin sustento. Lo anterior, dentro del común denominador de la imposición de sanciones, fuera del contexto de que las presuntas irregularidades provienen de la falta de cumplimiento de las obligaciones de mi representado en materia electoral, no ameritarían mayor relevancia dentro del perfeccionamiento y control del Estado Democrático, pues en todo caso sería más prudente obligar coactivamente a que el infractor cumpla con sus obligaciones, que sancionarlo.

Sin embargo, dichas conductas irregulares efectivamente no pueden ni deben descontextualizarse del marco electoral, ni mucho menos del jurídico electoral, ya que su alto contenido social, común y democrático lo impide. Es por ello que precisamente, en el capítulo de mérito, se analizan los requisitos exigidos en la materia par ano perder de vista y aplicar en el caso concreto, lo que la autoridad responsable omitió en su resolución al calificar la falta, justipreciar su contenido ilícito y aplicar discrecionalmente su sanción, ya que como se ha mencionado anteriormente, la falta no encuadra precisamente en el tipo requerido por la norma, es excesiva, desproporcionada, no aplica los criterios subjetivos para la imposición de sanciones, no se tomaron en cuenta los elementos cuantitativos y cualitativos de la infracción, es decir, cuantas personas se pudieron ver afectadas por la presunta ilicitud, si dicho número de personas redundó en poner en duda la certeza del voto ciudadanos, y si las características y cualidades de la conducta son de una u otra forma que requieren la imposición de una sanción leve, grave o ninguna sanción.

La jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido como criterio en la materia, que las infracciones para su sanción se deben clasificar en levísimas, leves y graves. En este último supuesto, aclara, que se debe precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor que le permita alcanzar el grado de particularmente grave, así como si la infracción es sistemática, para los casos de reincidencia. Ahora bien, ya analizando el sistema de calificación de la infracción, y clasificada esta, el juzgador debe valora par al imposición discrecional de la sanción, si la que se escoge contempla un mínimo y un máximo, para proceder a graduar o individualizarla, dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias objetivas y subjetivas del caso concreto. Dichos principios, se encuentran sustentados en la Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a continuación:

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.-…

…”

Entonces pues, en la imposición de la sanción únicamente se valora el carácter objetivo y no el carácter subjetivo de su responsabilidad, siendo precisamente en este aspecto que se violaría el principio de legalidad, sirviendo de base a lo anterior, la jurisprudencia antes señalada, que ha sido sustentada precisamente por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como se desprende del criterio de nuestro máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, uno de los elementos sustanciales que debe observar el juzgador en materia electoral, para la calificación de las sanciones, lo es precisamente las circunstancias subjetivas del hecho o conducta desplegada y que produce la infracción, en virtud de que como lo reitera la Sala Superior de dicho Tribunal, el derecho administrativo sancionador, “es una especie de ius puniendi”, por lo que toda autoridad en materia electoral se encuentra obligada observar los principios del derecho punitivo para la aplicación de sus sanciones.

Ahora bien, la gramaticalidad como interpretación de la norma es propiamente un remanente del paso de causalismo en nuestro sistema judicial, ya que es precisamente el sistema que le garantizaba al derecho punitivo la adecuación de penas y sanciones de acuerdo a la literalidad de la norma. Sin embargo, dicho sistema como parte de una metodología jurídica, ha encontrado a recientes fecha, fracturas técnicas en la aplicabilidad del derecho punitivo, sobre todo cuando esa respuesta jurisdiccional de causa-efecto, no forma ya parte de las necesidades políticas de intervención del Estado. Muestra de ello es el propio nacimiento de corrientes ideológicas como el finalismo y el propio funcionalismo como sistemas de control estatal, mismo que han dado origen a teorías como la imputación objetiva, la política criminal y la aplicación e intervención funcional del sistema punitivo del Estado.

Desde tal perspectiva, la teoría tradicional de responsabilidad punible, respondía sobre la connotación de cuáles hechos son objeto de las prohibiciones legales. Es decir se trataba del análisis de la responsabilidad jurídica desde una perspectiva de causación. Sin embargo, dicha teoría ha sido rebasada dado que la categoría de la responsabilidad tiene un contenido mucho más complejo, dado que tiende a resolver el problema de, bajo qué presupuestos el autor pude ser hecho jurídicamente responsable por un ilícito, haciéndose acreedor a una pena o sanción. Son pues, dos los elementos que conforman a la categoría de la responsabilidad desde la perspectiva de un sistema funcional: la culpabilidad y la necesidad de la pena. Entiéndase en este contexto la culpabilidad como el juicio de reproche social, que recae sobre el autor de un ilícito, pese a que le podía alcanzar el efecto de llamada de atención de la norma en la situación concreta y poseía una capacidad suficiente de autocontrol, de modo que era psíquicamente asequible una alternativa de conducta o conducta diversa conforme a derecho.

Es pues precisamente el Estado, quien, marca la directriz de la interpretación dogmático-jurídico y no al revés como se venía realizando. Es decir, si antes importaba más el análisis de los elementos de un ilícito a la luz de las causas y sus efectos, la imposición de una pena o sanción era cuestión meramente secundaria, pues como era plenamente sabido, toda conducta antijurídica actualizada en el mundo fáctico produce un resultado dañoso, luego entonces requiere una sanción, pero sanción como tal, es decir, la retribución del Estado por inercia, porque se encuentra establecida en la norma punitiva, porque se necesita como castigo social, mas no porque el Estado ejerza sus atribuciones de soberano del ciudadano por decisión propia, es decir, no contempla a la prevención especial de un Estado volitivo y prudente a la socialización sino a la represión de conductas.

Dicho criterio no puede pretenderse siga aplicando en nuestro derecho electoral, debe evolucionar como lo hace el derecho punitivo y a su margen, las conductas ventiladas por el derecho electoral no son ajenas a la voluntad democrática del Estado, sino por el contrario, son estas conductas las que determinan la existencia y la propia conformación del Estado democrático, por lo que ahora debemos atender a la funcionalidad de esas penas o sanciones para determinar si la interpretación dogmática que se realiza es acorde en sus resultados con dichos fines.

Con respecto a las teorías de la pena, la comisión de un hecho doloso o culposo presuponía, en los sistemas clásico y neoclásico del ilícito punible, su culpabilidad y ello también era así en el finalismo cuando la conducta además de típica era, antijurídica y culpable. No obstante, los replanteamientos del sistema funcional han conducido a conocer los fines de la sanción como un criterio de determinación junto con la culpabilidad, sin embargo en dicho sistema se habla ya de “responsabilidad” y no solo de una mera culpabilidad. La culpabilidad sirvió hasta antes del sistema funcional como criterio de medición de la pena hacia arriba (el monto máximo de merecimiento de la pena) y hacia abajo (el mínimo por imponer). Pero ello suponía que una vez confirmada la culpabilidad se debía imponer necesariamente una pena, aunque esta fuera mínima. Con el funcionalismo, en cambio, la culpabilidad sigue siendo la medida de la pena hacia arriba (no se pude parar el máximo de su culpabilidad) pero deja de ser determinante hacia abajo. Me explico: una conducta puede ser típica, antijurídica y sin embargo no ser punible cuando los fines de la pena así lo indican, quedando excluida, por tanto, la responsabilidad como categoría del ilícito punible.

Así por ejemplo, en el caso concreto, cuando se trata de una pequeña irregularidad, conforme se encuentra previsto en la norma electoral; la aplicación de una multa excesiva crea más perjuicio que beneficio tanto a mi representado como a la sociedad, me explico, resultaría que la prevención especial quedaría excluida y también lo sería la prevención general negativa si esa conducta, además, no causa alarma social y por lo tanto no resulta necesaria su sanción para confirmar la observancia de dicha norma por el resto de la sociedad. Ante supuestos como este, el sistema funcional opta por acudir a otro tipo de penas, como pudieran ser las mínimas económicas, las administrativas (amonestación), y reducir al máximo la imposición de sanciones inquisitivas.

Señalados los parámetros anteriores, no se puede dejar de realizar algunas consideraciones más sobre la orientación política-criminal que debe guiar a la aplicación de penas y sanciones y la supeditación de la dogmática a ésta. Por ejemplo, si al realizar una interpretación dogmática los resultados que se alcanzan no son acordes con el principio de justicia material, por más perfecto que pueda ser ese análisis dogmático, esta deberá replantarse hasta que sus resultados sean acorde con dicho principio.

Cabría hacer una precisión, pues si como lo establece la propia resolución combatida del Consejo Distrital, el fin del derecho punitivo en un estado social y democrático de derecho, es curar las lesiones existentes por la comisión de una conducta contraria a la norma electoral, como la posible comisión en el futuro de dichas conductas y sus resultados lesivos para la sociedad, y a bienes jurídicos fundamentales, ello no significa que todas esas lesiones se deban prevenir a través de la imposición de sanciones cada vez más grandes y exageradas, pues, como recordaremos, la aplicación de una pena o sanción mayor supone una lesión a un bien jurídico fundamental mayor; como en el derecho penal pudiere ser la pena de prisión que lesiona el derecho fundamental a la libertad, el cual, después de la vida, es el bien más valioso para el ser humano. En consecuencia, se deben preferir otros medios para prevenir esas conductas antes de echar la mano del derecho punitivo; por ejemplo: sanciones administrativas (amonestaciones públicas). Esa restricción del uso del derecho punitivo obedece al principio de intervención mínima o de última ratio.

Precisamente el estado democrático y de derecho, debe observar las sanciones a los partidos políticos desde esta perspectiva, no hacerlo implica un exceso de su poder punitivo. Las funciones de observancia general y de interés público que realizar los partidos políticos, tienen plena vigencia en nuestra sociedad, son pues las actividades que movilizan y mantienen viva la vigencia de nuestro estado democrático de derecho, la conminación a su desaparición a través de una condena económica, es no solo un ataque a sus intereses políticos, lo cual sería aun menos grave, sino que atacan al propio Estado, su certeza, su objetividad y su vigencia ante la ciudadanía.

Una sanción económica que atiende solo a los efectos gramaticales de la norma, es una sanción desmesurada, pues carece de subjetividad, ingrediente sustantivo en la aplicación de sanciones, que permite a través de la percepción del juzgador y su conocimiento a priori, la calificación de conductas traduciéndolas en faltas en estricta aplicación de la jurisdiccionalidad, clasificándolas con sus atenuantes hasta agravantes, previstas o no en la ley, pues la norma se encuentra inmersa en todo un contexto político, económico y social mientras es vigente, mas no siempre que sea vigente tiene dicho contexto. Es decir, la discrecionalidad de la autoridad para la calificación de las faltas, al igual que para la imposición de sanciones, también requiere que aquel considere diversos elementos que le permitan calificar la conducta ilícita desde la perspectiva más objetiva de la realidad, para conocer la verdad jurídica y sancionar si fuera el caso, a partir de ésta. Efectivamente, se entiende por facultad discrecional, a la atribución o arbitrio de que goza el juzgador para conocer sobre los asuntos bajo su jurisdicción. Sin embargo dicha discrecionalidad, no es universal y general, sino restringida y acotada precisamente por la ley. Así, los casos en los que el Consejo Distrital Electoral Federal puede aplicar su facultad discrecional son en la calificación de las conductas de los Partidos Políticos, previamente adecuadas al tipo legal, llámense faltas o ilícitos de índole administrativa en materia electoral. Sirve cómo criterio orientador, la siguiente tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa:

FACULTADES DISCRECIONALES. AUTORIDADES FISCALES. …”

Del criterio anterior, debemos desprender que la facultad discrecional de las autoridades se encuentra sujeta a la propia restricción del ordenamiento legal que la faculta, de tal suerte que de conformidad con lo que establece el artículo 72 del Reglamento de Quejas y Denuncias. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido diversos criterios, sobre lo que se debe entender por “circunstancias”, como la contenida en la Tesis Relevante recaída al Recurso de Apelación SUP-RAP-002/98 y 016/98 que define:

“…Por circunstancias debe entenderse las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se cometen las faltas, así como las condiciones particulares e individuales del sujeto infractor…”,

Como se desprende del texto de la resolución antes citada, no queda lugar a dudas de que particularmente esa Sala Superior ha sostenido como criterio que es necesario atender no solo a las situaciones objetivas del hecho sino a las subjetivas del infractor. Recalco lo anterior, ya que nuestra legislación en materia electoral, se encuentra inmersa bajo el contexto de la existencia de una vinculación causal de la conducta y la sanción, debido a que el legislador local interpretó a la norma como resultado o consecuencia material de la función punitiva estatal. Sin embargo, la propia legislación electoral tiene visos de nuevas corrientes que apuntan más bien a la integración de la norma como parte del sistema funcional del Estado y no meramente como una consecuencia de este. Dicho en otras palabras no cabe duda al respecto de que se debe tomar en consideración que la naturaleza de la calificación de las faltas de los Partidos Políticos es parte de una función estatal en la que ese Tribunal Electoral debe analizar las particularidades del infractor valoradas a discrecionalidad por el conocimiento a priori del juzgador. En el caso concreto, el Consejo Distrital Federal, como autoridad responsable, al emitir su resolución no atiende a las circunstancias particulares e individuales del sujeto infractor.

Precisado lo anterior, la resolución combatida excede de las facultades discrecionales de que cuenta la autoridad responsable, para imponer sanciones. En consecuencia se impone a nuestra representada una multa excesiva, en franca violación de los artículos 14, 16, 22 y 41 Constitucionales y por lo tanto para restablecer el orden constitucional violentado, la misma debe revocarse al tenor de la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación y que sirve para robustecer lo antes señalado:

MULTAS EXCESIVAS. (ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL). …”

SEXTO

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituyen los ocho resolutivos de la multicitada resolución, que se tienen aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.

PRECEPTOS VIOLADOS: Se viola en perjuicio de mi representado lo que establecen los artículos:

Artículo 14.- …

…

…

…

Artículo 16. …

…

…

Artículo 41.- …

…

…

…

Artículo 116.- …

…

…

… Las autoridades electorales solamente …

IV. …

…

b) …

CONCEPTO DEL AGRAVIO: Los resolutivos que por esta vía se combaten, causan un agravio a mi representado, en virtud de que la responsable viola en perjuicio del mismo, lo que establecen los artículos constitucionales transcritos, dado que la autoridad responsable pretende conculcarlos al emitir un fallo donde no se llevó a cabo un verdadero análisis de las circunstancias y de la gravedad de la falta según lo señala el la fracción VI del inciso c) del párrafo 4 del artículo 72 del Reglamento de Quejas y Denuncias:

Artículo 72 …

4. …

c) …

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

La violación al anterior artículo se hace evidente cuando al leer el segundo párrafo de la foja 22 y contrastarlo con el segundo párrafo de la foja 23, se observa una contradicción que es relevante, en el primero de los párrafos mencionados se señala que la infracción es de la calificada como particularmente grave y en la foja 23 menciona que se debe tomar en cuenta la gravedad ordinaria de la misma supuesta infracción, lo anterior da como resultado, que la resolución no esté apegada a derecho y violente las garantías de mi representado, esto es así, porque carece de un requisito sine qua non de las resoluciones: Éstas deben ser congruentes, y la incongruencia señalada anteriormente, deriva en una sanción que no corresponde eficazmente con la supuesta infracción cometida por mi representado, motivo suficiente para que éste H. Consejo Local lo valore y revoque la sentencia de mérito.

Por otro lado, es importante mencionar, que la autoridad responsable viola las garantías de mí representado, al no darle un trato equitativo e imparcial al momento de sancionarlo, lo anterior es así porque la misma autoridad al resolver el EXPEDIENTE: JDE/QPAN/JD08/DF/003/2009, en su resolutivo segundo establece:

“SEGUNDO.- En consecuencia se sanciona al Partido Acción Nacional con una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por la violación a la norma reglamentaria sobre la colocación de propaganda electoral, de acuerdo a lo previsto en el contenido del artículo 60, párrafo 1, inciso a), fracción II del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.”

Lo anterior, es inequitativo, porque de la lectura de la resolución mencionada se puede apreciar que las circunstancias y las conductas supuestamente infractores, corresponden a las que supuestamente desplegó mi representado, y además en ese expediente, el Partido Acción Nacional reconoce que sí colocó propaganda, cosa que contrariamente a lo que falsamente arguye la responsable, no admitió, ni admite, mi representado; al establecer una sanción consistente en multa, la fija en trescientos días de salario mínimo, y a mi representado por las mismas supuestas conductas, sin estar debidamente comprobadas se le impone una multa de cuatrocientos días, lo anterior es un claro ejemplo de parcialidad y de la falta de profesionalismo con el que se condujo la autoridad responsable.

Suponiendo sin conceder, que mi representado fuera objeto de sanción, la autoridad responsable se excede en sus atribuciones, imponiendo una sanción con base a una infracción que calificó como grave a juzgar por el monto que impuso, sin ningún fundamento y análisis, porque el enunciar elementos, sin motivar correctamente no cumple con ese requisito. Por otro lado, la responsable no debió sustentar sus decisiones en argumentos ni razonamiento genéricos sin comprobación, como los que ya mencionamos en anteriores agravios, ya que los mismos no permiten establecer con precisión la gravedad de la conducta observada por mi representado, al no incluirse razonamientos comparativos que permitieran delinear la importancia de las infracciones frente al presunto daño al interés público, ni tampoco permitir establecer los elementos para considerar si es o no, reiterativa la conducta, sin que haya cabida al argumento de que se realizó aún y cuando se hizo de forma genérica.

De lo anterior se desprende que precisando criterios anteriores, la autoridad electoral administrativa responsable, está obligada a considerar que para el establecimiento de las multas, la autoridad debe ponderar en base al parámetro de mínimo y máximo que nos señala la ley, tomando en consideración:

1.       La negligencia o mala fe; o la espontaneidad de su conducta para acatar la ley, aunque extemporáneamente;

2.       Si se trata de una infracción aislada, o de una infracción insistentemente repetido por dicho causante.

Las descripciones de las faltas o infracciones administrativas electorales deben ser lo más precisas posibles, de manera que una conducta o hecho será típico sólo si es subsumible en la descripción de la falta o infracción. Vinculando estrechamente con lo señalado en el último inciso, las normas disciplinarias requieren de una interpretación y aplicación estricta (lo que excluye una interpretación extensiva), habida cuenta del principio de intervención mínima o principio de necesidad expresado en la máxima latina “nulla lex (poenalis) sine necesítate”.

Más aún si como se ha expresado en el artículo 72 del Reglamento, señala que para fijar la sanción correspondiente a las irregularidades en que haya incurrido un partido político, se tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, sin precisar en qué consisten las primeras, ni lo que debe tomarse en cuenta para establecer la segunda.

Partiendo de estos elementos básicos y de los principios de la dogmática penal que se han estimado aplicables, bien se puede afirmar que en materia de individualización de las sanciones, es decir, para determinar la clase de sanción y su concreta graduación, deben ponderarse los bienes jurídicos y los valores que se protegen, la naturaleza de los sujetos infractores y sus funciones encomendadas constitucionalmente, así como los fines persuasivos de las sanciones administrativas; pero no de manera genérica como lo hace la autoridad responsable sino individualizando cada caso concreto.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el legislador facultó a la autoridad administrativa electoral para determinar la sanción y su graduación en cada caso, no sólo a partir del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino también en concurrencia con el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se realiza a través de una valoración unitaria, que se formaliza en dos pasos. En el primer paso, correspondiente a la selección de la sanción, resulta necesario verificar que el margen de graduación establecido por la ley permita dar cabida a la magnitud del reproche que se realiza, y en un segundo paso, establecer la graduación concreta que amerite, dentro de los márgenes de la clase de sanción encontrada como idónea. Con este mecanismos e logra que la sanción concretizada sea suficiente para alcanzar su finalidad persuasiva.

Sobre la base de estos parámetros, la autoridad electoral debe selecciona y graduar la sanción, en función de la gravedad de la falta y la responsabilidad del infractor, par alo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Valor protegido o trascendencia de la norma.

2. La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.

3. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.

4. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.

5. La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.

6. Su comportamiento posterior a la fecha en que se cometió el ilícito administrativo; verbigracia, pretende borrar u ocultar la información atinente que lo demuestre, o bien, facilitar dicha información para cooperar en las tareas investigatorias.

7. Las demás condiciones subjetivas del infractor, al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

8. La capacidad económica del sujeto infractor.

Los principios anteriores no se observaron en su totalidad, exhaustivamente y con precisión jurídica razonada, y no solo enunciativamente para cumplimentar un requisito de mera forma.

Ya que la multa se debe establecer con base a estos criterios y en proporción al daño causado por la infracción y en el caso que nos ocupa, la supuesta colocación, porque nunca se acreditó realmente, no causó ningún perjuicio al erario público, no se actualiza tampoco la causal de negligencia o mala fe, en ningún momento se dejó de observar lo preceptuado por la ley, tal y como se advierte de las constancias, por otro lado, tampoco se adecua el hecho a una conducta reiterada por nuestro representado.

En esta tesitura no es precedente que la autoridad responsable dicte una resolución, cuya sanción está mal fundamentada, pues no es concebible, que, suponiendo sin conceder que fuera procedente alguna sanción en contra de mi representado, estaría violando el principio de imparcialidad y transgrediendo los derechos con los que cuenta todo partido político y olvidando toda autoridad electoral debe obedecer dichos principios.

De esta forma, el único monto que las autoridades pueden imponer sin razonar su arbitrio, demostrada la infracción, es el mínimo, pues ello implica que se ha aceptado un máximo de circunstancias atenuantes. Es decir, para imponer un monto superior al mínimo, sin que su determinación resulte arbitraria y caprichosa, las autoridades están obligadas a razonar el uso de sus facultades legales al respecto, para no violar el principio constitucional de fundamentación y motivación consagrado en el artículo 16 Constitucional y dar a mi representado la plena oportunidad de defensa, respecto de los datos y elementos que sirvieron para individualizar la sanción, lo cual no aconteció en la resolución, por ende debe revocarse.

Por otro lado, de confirmarse la resolución de la autoridad responsable, se vulneraría gravemente la imagen y credibilidad que tiene mi representado ante la ciudadanía, pues debe tomarse en cuenta, que estamos a tan solo unos días de que inicie la jornada electoral, y con una sanción en contra de mi representado por incumplir supuestamente con la norma, se estaría causando un daño de imposible reparación, pues esto traería como consecuencia, restarle credibilidad a mi representado ante la ciudadanía, lo que se traduce en una disminución de votos a su favor, colocando a mi representado en un estado de inequidad respecto de los demás contendientes en el proceso electoral, en el que incluso podría, por una falta de probidad por parte de las autoridades electorales, causar la pérdida de un registro de un partido que cumplió con lo consagrado por la ley, sirve de sustento a lo anterior las siguientes tesis:

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES.- …

…

“MULTAS. ARBITRIO EN SU CUANTIFICACIÓN ARRIBA DEL MÍNIMO.- …

…

“MULTAS, CUANTIFICACIÓN DE LAS, EN MATERIA FISCAL.- …

…

“MULTAS, IMPOSICIÓN, CONDONACIÓN O CUANTIFICACIÓN DE.- …

…

“MULTAS FISCALES. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN.- …

…

“MOTIVACIÓN DE LA MULTA, DEBE RAZONARSE SOBRE LA CUANTÍA PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE.- …

…

“MULTAS, DEBEN SEÑALARSE LAS RAZONES DE SU IMPOSICIÓN.- …

…

“MULTAS. REQUISITOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN CUMPLIR.- …

…

“MULTAS. REQUISITOS PARA SU IMPOSICIÓN.- …

…

La conducta ilícita de la autoridad responsable se deriva del supuesto análisis de la conducta de mi representado para poder calificarla y sancionarla pero, por lo que en realidad se advierte, es que solo reafirma el error cometido y su actuar ilegal, puesto que realiza afirmaciones fuera de toda razón jurídica posible al mencionar que mi representado cometió una infracción administrativa electoral, siendo una aseveración general y sin sustento. Lo anterior, dentro del común denominador de la imposición de sanciones, fuera del contexto de que las presuntas irregularidades provienen de la falta de cumplimiento de las obligaciones de mi representado en materia electoral, no ameritarían mayor relevancia dentro del perfeccionamiento y control del Estado Democrático, pues en todo caso sería más prudente obligar coactivamente a que el infractor cumpla con sus obligaciones, que sancionarlo.

Sin embargo, dichas conductas irregulares efectivamente no pueden ni deben descontextualizarse del marco electoral, ni mucho menos del jurídico electoral, ya que su alto contenido social, común y democrático lo impide. Es por ello que precisamente, en el capítulo de mérito, se analizan los requisitos exigidos en la materia par ano perder de vista y aplicar en el caso concreto, lo que la autoridad responsable omitió en su resolución al calificar la falta, justipreciar su contenido ilícito y aplicar discrecionalmente su sanción, ya que como se ha mencionado anteriormente, la falta no encuadra precisamente en el tipo requerido por la norma, es excesiva, desproporcionada, no aplica los criterios subjetivos para la imposición de sanciones, no se tomaron en cuenta los elementos cuantitativos y cualitativos de la infracción, es decir, cuantas personas se pudieron ver afectadas por la presunta ilicitud, si dicho número de personas redundó en poner en duda la certeza del voto ciudadanos, y si las características y cualidades de la conducta son de una u otra forma que requieren la imposición de una sanción leve, grave o ninguna sanción.

La jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido como criterio en la materia, que las infracciones para su sanción se deben clasificar en levísimas, leves y graves. En este último supuesto, aclara, que se debe precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor que le permita alcanzar el grado de particularmente grave, así como si la infracción es sistemática, para los casos de reincidencia. Ahora bien, ya analizando el sistema de calificación de la infracción, y clasificada esta, el juzgador debe valora par al imposición discrecional de la sanción, si la que se escoge contempla un mínimo y un máximo, para proceder a graduar o individualizarla, dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias objetivas y subjetivas del caso concreto. Dichos principios, se encuentran sustentados en la Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a continuación:

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.-…

…”

Entonces pues, en la imposición de la sanción únicamente se valora el carácter objetivo y no el carácter subjetivo de su responsabilidad, siendo precisamente en este aspecto que se violaría el principio de legalidad, sirviendo de base a lo anterior, la jurisprudencia antes señalada, que ha sido sustentada precisamente por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como se desprende del criterio de nuestro máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, uno de los elementos sustanciales que debe observar el juzgador en materia electoral, para la calificación de las sanciones, lo es precisamente las circunstancias subjetivas del hecho o conducta desplegada y que produce la infracción, en virtud de que como lo reitera la Sala Superior de dicho Tribunal, el derecho administrativo sancionador, “es una especie de ius puniendi”, por lo que toda autoridad en materia electoral se encuentra obligada observar los principios del derecho punitivo para la aplicación de sus sanciones.

Ahora bien, la gramaticalidad como interpretación de la norma es propiamente un remanente del paso de causalismo en nuestro sistema judicial, ya que es precisamente el sistema que le garantizaba al derecho punitivo la adecuación de penas y sanciones de acuerdo a la literalidad de la norma. Sin embargo, dicho sistema como parte de una metodología jurídica, ha encontrado a recientes fecha, fracturas técnicas en la aplicabilidad del derecho punitivo, sobre todo cuando esa respuesta jurisdiccional de causa-efecto, no forma ya parte de las necesidades políticas de intervención del Estado. Muestra de ello es el propio nacimiento de corrientes ideológicas como el finalismo y el propio funcionalismo como sistemas de control estatal, mismo que han dado origen a teorías como la imputación objetiva, la política criminal y la aplicación e intervención funcional del sistema punitivo del Estado.

Desde tal perspectiva, la teoría tradicional de responsabilidad punible, respondía sobre la connotación de cuáles hechos son objeto de las prohibiciones legales. Es decir se trataba del análisis de la responsabilidad jurídica desde una perspectiva de causación. Sin embargo, dicha teoría ha sido rebasada dado que la categoría de la responsabilidad tiene un contenido mucho más complejo, dado que tiende a resolver el problema de, bajo qué presupuestos el autor pude ser hecho jurídicamente responsable por un ilícito, haciéndose acreedor a una pena o sanción. Son pues, dos los elementos que conforman a la categoría de la responsabilidad desde la perspectiva de un sistema funcional: la culpabilidad y la necesidad de la pena. Entiéndase en este contexto la culpabilidad como el juicio de reproche social, que recae sobre el autor de un ilícito, pese a que le podía alcanzar el efecto de llamada de atención de la norma en la situación concreta y poseía una capacidad suficiente de autocontrol, de modo que era psíquicamente asequible una alternativa de conducta o conducta diversa conforme a derecho.

Es pues precisamente el Estado, quien, marca la directriz de la interpretación dogmático-jurídico y no al revés como se venía realizando. Es decir, si antes importaba más el análisis de los elementos de un ilícito a la luz de las causas y sus efectos, la imposición de una pena o sanción era cuestión meramente secundaria, pues como era plenamente sabido, toda conducta antijurídica actualizada en el mundo fáctico produce un resultado dañoso, luego entonces requiere una sanción, pero sanción como tal, es decir, la retribución del Estado por inercia, porque se encuentra establecida en la norma punitiva, porque se necesita como castigo social, mas no porque el Estado ejerza sus atribuciones de soberano del ciudadano por decisión propia, es decir, no contempla a la prevención especial de un Estado volitivo y prudente a la socialización sino a la represión de conductas.

Dicho criterio no puede pretenderse siga aplicando en nuestro derecho electoral, debe evolucionar como lo hace el derecho punitivo y a su margen, las conductas ventiladas por el derecho electoral no son ajenas a la voluntad democrática del Estado, sino por el contrario, son estas conductas las que determinan la existencia y la propia conformación del Estado democrático, por lo que ahora debemos atender a la funcionalidad de esas penas o sanciones para determinar si la interpretación dogmática que se realiza es acorde en sus resultados con dichos fines.

Con respecto a las teorías de la pena, la comisión de un hecho doloso o culposo presuponía, en los sistemas clásico y neoclásico del ilícito punible, su culpabilidad y ello también era así en el finalismo cuando la conducta además de típica era, antijurídica y culpable. No obstante, los replanteamientos del sistema funcional han conducido a conocer los fines de la sanción como un criterio de determinación junto con la culpabilidad, sin embargo en dicho sistema se habla ya de “responsabilidad” y no solo de una mera culpabilidad. La culpabilidad sirvió hasta antes del sistema funcional como criterio de medición de la pena hacia arriba (el monto máximo de merecimiento de la pena) y hacia abajo (el mínimo por imponer). Pero ello suponía que una vez confirmada la culpabilidad se debía imponer necesariamente una pena, aunque esta fuera mínima. Con el funcionalismo, en cambio, la culpabilidad sigue siendo la medida de la pena hacia arriba (no se pude parar el máximo de su culpabilidad) pero deja de ser determinante hacia abajo. Me explico: una conducta puede ser típica, antijurídica y sin embargo no ser punible cuando los fines de la pena así lo indican, quedando excluida, por tanto, la responsabilidad como categoría del ilícito punible.

Así por ejemplo, en el caso concreto, cuando se trata de una pequeña irregularidad, conforme se encuentra previsto en la norma electoral; la aplicación de una multa excesiva crea más perjuicio que beneficio tanto a mi representado como a la sociedad, me explico, resultaría que la prevención especial quedaría excluida y también lo sería la prevención general negativa si esa conducta, además, no causa alarma social y por lo tanto no resulta necesaria su sanción para confirmar la observancia de dicha norma por el resto de la sociedad. Ante supuestos como este, el sistema funcional opta por acudir a otro tipo de penas, como pudieran ser las mínimas económicas, las administrativas (amonestación), y reducir al máximo la imposición de sanciones inquisitivas.

Señalados los parámetros anteriores, no se puede dejar de realizar algunas consideraciones más sobre la orientación política-criminal que debe guiar a la aplicación de penas y sanciones y la supeditación de la dogmática a ésta. Por ejemplo, si al realizar una interpretación dogmática los resultados que se alcanzan no son acordes con el principio de justicia material, por más perfecto que pueda ser ese análisis dogmático, esta deberá replantarse hasta que sus resultados sean acorde con dicho principio.

Cabría hacer una precisión, pues si como lo establece la propia resolución combatida del Consejo Distrital, el fin del derecho punitivo en un estado social y democrático de derecho, es curar las lesiones existentes por la comisión de una conducta contraria a la norma electoral, como la posible comisión en el futuro de dichas conductas y sus resultados lesivos para la sociedad, y a bienes jurídicos fundamentales, ello no significa que todas esas lesiones se deban prevenir a través de la imposición de sanciones cada vez más grandes y exageradas, pues, como recordaremos, la aplicación de una pena o sanción mayor supone una lesión a un bien jurídico fundamental mayor; como en el derecho penal pudiere ser la pena de prisión que lesiona el derecho fundamental a la libertad, el cual, después de la vida, es el bien más valioso para el ser humano. En consecuencia, se deben preferir otros medios para prevenir esas conductas antes de echar la mano del derecho punitivo; por ejemplo: sanciones administrativas (amonestaciones públicas). Esa restricción del uso del derecho punitivo obedece al principio de intervención mínima o de última ratio.

Precisamente el estado democrático y de derecho, debe observar las sanciones a los partidos políticos desde esta perspectiva, no hacerlo implica un exceso de su poder punitivo. Las funciones de observancia general y de interés público que realizar los partidos políticos, tienen plena vigencia en nuestra sociedad, son pues las actividades que movilizan y mantienen viva la vigencia de nuestro estado democrático de derecho, la conminación a su desaparición a través de una condena económica, es no solo un ataque a sus intereses políticos, lo cual sería aun menos grave, sino que atacan al propio Estado, su certeza, su objetividad y su vigencia ante la ciudadanía.

Una sanción económica que atiende solo a los efectos gramaticales de la norma, es una sanción desmesurada, pues carece de subjetividad, ingrediente sustantivo en la aplicación de sanciones, que permite a través de la percepción del juzgador y su conocimiento a priori, la calificación de conductas traduciéndolas en faltas en estricta aplicación de la jurisdiccionalidad, clasificándolas con sus atenuantes hasta agravantes, previstas o no en la ley, pues la norma se encuentra inmersa en todo un contexto político, económico y social mientras es vigente, mas no siempre que sea vigente tiene dicho contexto. Es decir, la discrecionalidad de la autoridad para la calificación de las faltas, al igual que para la imposición de sanciones, también requiere que aquel considere diversos elementos que le permitan calificar la conducta ilícita desde la perspectiva más objetiva de la realidad, para conocer la verdad jurídica y sancionar si fuera el caso, a partir de ésta. Efectivamente, se entiende por facultad discrecional, a la atribución o arbitrio de que goza el juzgador para conocer sobre los asuntos bajo su jurisdicción. Sin embargo dicha discrecionalidad, no es universal y general, sino restringida y acotada precisamente por la ley. Así, los casos en los que el Consejo Distrital Electoral Federal puede aplicar su facultad discrecional son en la calificación de las conductas de los Partidos Políticos, previamente adecuadas al tipo legal, llámense faltas o ilícitos de índole administrativa en materia electoral. Sirve cómo criterio orientador, la siguiente tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa:

FACULTADES DISCRECIONALES. AUTORIDADES FISCALES. …”

Del criterio anterior, debemos desprender que la facultad discrecional de las autoridades se encuentra sujeta a la propia restricción del ordenamiento legal que la faculta, de tal suerte que de conformidad con lo que establece el artículo 72 del Reglamento de Quejas y Denuncias. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido diversos criterios, sobre lo que se debe entender por “circunstancias”, como la contenida en la Tesis Relevante recaída al Recurso de Apelación SUP-RAP-002/98 y 016/98 que define:

“…Por circunstancias debe entenderse las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se cometen las faltas, así como las condiciones particulares e individuales del sujeto infractor…”,

Como se desprende del texto de la resolución antes citada, no queda lugar a dudas de que particularmente esa Sala Superior ha sostenido como criterio que es necesario atender no solo a las situaciones objetivas del hecho sino a las subjetivas del infractor. Recalco lo anterior, ya que nuestra legislación en materia electoral, se encuentra inmersa bajo el contexto de la existencia de una vinculación causal de la conducta y la sanción, debido a que el legislador local interpretó a la norma como resultado o consecuencia material de la función punitiva estatal. Sin embargo, la propia legislación electoral tiene visos de nuevas corrientes que apuntan más bien a la integración de la norma como parte del sistema funcional del Estado y no meramente como una consecuencia de este. Dicho en otras palabras no cabe duda al respecto de que se debe tomar en consideración que la naturaleza de la calificación de las faltas de los Partidos Políticos es parte de una función estatal en la que ese Tribunal Electoral debe analizar las particularidades del infractor valoradas a discrecionalidad por el conocimiento a priori del juzgador. En el caso concreto, el Consejo Distrital Federal, como autoridad responsable, al emitir su resolución no atiende a las circunstancias particulares e individuales del sujeto infractor.

Precisado lo anterior, la resolución combatida excede de las facultades discrecionales de que cuenta la autoridad responsable, para imponer sanciones. En consecuencia se impone a nuestra representada una multa excesiva, en franca violación de los artículos 14, 16, 22 y 41 Constitucionales y por lo tanto para restablecer el orden constitucional violentado, la misma debe revocarse al tenor de la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación y que sirve para robustecer lo antes señalado:

MULTAS EXCESIVAS. (ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL). …”